Nadie puede discutir, ni contradecir que la elección del Poder Judicial Federal del pasado domingo fue un ejercicio “inédito e histórico”. Y sí lo fue por diversas razones y entre ellas porque es la primera vez que los ciudadanos eligieron jueces, magistrados y ministros. Pero lo que también lo hizo “inédito e histórico” fue el marcado desinterés de la población al registrar una baja participación en las urnas, que solo llegó al 13.3% de las y los mexicanos sin descontar los votos anulados.
Ahora bien, aunque a los críticos no les gusten las formas, estilos, los métodos de los acordeones y particularmente los resultados por los bajos niveles de votación, no significa que la elección no haya sido legal.
En una analogía muy banal, en esta elección -como en el fútbol en donde se gana hasta con un solo gol- los electos ganaron porque tuvieron sufragios a su favor. Pocos o muchos, pero al final los candidatos obtuvieron votos y en el sistema democrático se gana hasta por un voto de diferencia.
En esta lógica, los avisos o anuncios que han hecho algunas figuras de la política opositora a Morena desde el ámbito local y nacional, en el sentido de que impugnarán la elección del 1 de junio, seguramente lo harán; pero de ahí a que resulte procedente es otra realidad que los especialistas ven prácticamente imposible, es decir sería una batalla inútil porque está perdida desde el inicio.
Aunque son los militantes de partidos quienes han anunciado las impugnaciones, conviene despejar la duda de quiénes deben de impugnar: ¿los partidos que no compitieron o los candidatos a los diversos cargos que sí participaron en la contienda?
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Ya se verá hasta llegan los inconformes con sus anunciadas impugnaciones que, aunque algunas de sus argumentaciones suenen lógicas y razonables, pero que en los hechos resultarán improcedentes desde el terreno jurídico-electoral.
La percepción de control político por parte de Morena y los señalamientos de irregularidades van opacar el carácter de “inédito e histórico” que le dieron a la elección y dejarán en entredicho la independencia judicial y la autenticidad del voto.
Vale apuntar que la elección que fue calificada de “un éxito” desde el enfoque oficial, al final es legítima pese la desconexión social traducida en la baja afluencia que mandó un mensaje de desinterés, desconfianza y desconocimiento por el ejercicio.
Y más allá de los discursos oficiales como los de opositores, las y los electores deben tener sus propias conclusiones. Independientemente de que si votaron o se abstuvieron el pasado domingo, lo que es innegable es que la elección fracasó por la baja participación ciudadana.
Esta realidad debe dejar una lección para futuros comicios en el país. México deberá mejorar la información a los votantes, garantizar la imparcialidad de los candidatos y fortalecer la transparencia para evitar que el proceso sea visto como una herramienta del partido en el poder, como siempre ha sucedido porque lo mismo hacía el PRI o el PAN cuando tuvieron el poder. En resumen, el ejercicio lejos de consolidar la democracia, evidenció los retos, entre ellos seguir promoviendo la participación ciudadana.
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