Hoy presento una historia. La protagonista es la poblana María Teresa Viniegra Luna. Ella es una mujer adulta mayor y ha librado una batalla legal de una década para recuperar su patrimonio que le fue arrebatado por gente mal intencionada, que usó documentos falsos y que dieron paso a otros delitos.
Por si el despojo no fuera suficiente, ella ha enfrentado a la autoridad judicial que -por una u otra razón- solo ha generado un tortuoso camino legal que lleva a la víctima a seguir en la incertidumbre pese a los sistemáticos instrumentos legales que le dan la razón.
El caso en los tribunales de Puebla involucra un terreno rústico conocido como “Llano Grande” con área de 10,100 m², ubicado en San José Zacatepec Munive en Huejotzingo. El uso de documentos falsos y maniobras judiciales que, según ella y su defensa, favorecieron a los responsables; hoy la lleva a seguir litigando pese a un fallo final que le beneficia con la restitución de su predio.
De acuerdo al expediente 267/2015, tramitado en el Juzgado Primero de lo Civil de Huejotzingo, María Teresa denunció a Antonio Díaz Jiménez, Martín Xicoténcatl Martínez, Francisco Javier Fuentes Sánchez, la empresa Centimex S.A. de C.V., así como a los notarios públicos Número 1 de Ocampo Tlaxcala y Número 24 de Puebla, y al Registrador Público de Huejotzingo. La denuncia apunta a un supuesto poder notarial inexistente que desencadenó una serie de compraventas fraudulentas, respaldadas por irregularidades procesales que hoy la tienen sin recibir justicia.
Todo comenzó con un documento notarial (Instrumento 52,754, 12 de enero de 2012) que Antonio Díaz Jiménez presentó como un supuesto poder otorgado por María Teresa para vender el terreno. Sin embargo, tal documento, según pruebas presentadas por la denunciante, nunca existió en el protocolo del Notario Público Número Uno de Ocampo, Tlaxcala y carecía del consentimiento de la propietaria. Con el falso poder, Díaz Jiménez vendió el terreno a Martín Xicoténcatl Martínez, quien a su vez lo transfirió a Francisco Javier Fuentes Sánchez. En su momento la persona moral Cetimex, a través de su representante legal Raymundo Aarón González Cruz, justificó que no estaba en posesión del inmueble a reivindicar.
El periplo judicial revela un patrón de decisiones que, según la defensa, buscaban proteger a los demandados y ha alargado el caso. En 2018 una sentencia reconoció la inexistencia del poder mencionado y ordenó restituir el terreno, pero la Primera Sala Civil (Toca 140/2019) la anuló en 2019, exigiendo una prueba pericial sobre un documento ya demostrado como inexistente.
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En 2022, otra sentencia negó la razón a María Teresa Viniegra Luna, pero fue revocada por la Segunda Sala (Toca 384/2022) por incumplir con la reposición ordenada. Finalmente, el 26 de febrero de 2025, el juzgado reconoció la inexistencia del poder y las compraventas, ordenando a Fuentes Sánchez devolver el terreno en tres días y que incluso consideraba la intervención de la fuerza pública para dar cumplimiento. Para concluir el caso también se cancelaron las inscripciones registrales fraudulentas.
En suma, después del laaargo proceso y tras la decisión final de febrero, a la fecha ya pasaron dos meses y siguen los días pero la denunciante ni ha recibido el terreno en disputa, ni tampoco ha tenido un posicionamiento de la autoridad judicial.
“Es un caso de simulación jurídica y abuso procesal”, esta es la conclusión de la defensa de María Teresa Viniegra Luna, quien aduce que las irregularidades reflejan una parcialidad judicial.
Aunque la sentencia final favorece a María Teresa, su historia es el reflejo de un largo camino legal que exhibe los laaargos procesos y trabas que enfrentan las víctimas de despojo en el marco de un Sistema Judicial Mexicano tan cuestionado, con muchos vicios y malas prácticas que derivan en situaciones extremas como el sonado caso de Doña Carlota en el Estado de México, que ante el despojo de su patrimonio, la ira y falta de justicia la llevó a cometer un delito.
Ojalá que en este caso de María Teresa pronto haya justicia y que los magistrados de la Segunda Sala en Materia Civil del Tribunal Superior de Justicia: María Emma Peralta Juárez, Humberto Arroniz Meza y Roberto Grajales Espina; pronto se involucren porque ellos pueden terminar con el periplo de la víctima, concluir el calvario judicial y así evitar que el caso siga por los siglos de los siglos.
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