Las señoras Rocío Limón y María Luis Núñez, junto a una larga lista de familias de personas que han desaparecido, han tenido que padecer la sordera institucional, la revictimización de una sociedad que ignora el dolor ajeno mas profundo y, peor aún, la utilización con propósitos de obtener réditos políticos a la mala.
Ambas mujeres desde el colectivo La Voz de los desaparecidos han mantenido sin embargo, con cada uno de los gobiernos estatales y federales, la exigencia para frenar la violencia impune que provoca que todos los días haya mujeres y hombres que no regresan con los suyos cuando salen de casa o del ámbito familiar.
Según datos oficiales, en Puebla existían 381 personas no localizadas, sólo por debajo de Sinaloa con 437; Ciudad de México, con 795 y Estado de México, con 916 y está por arriba de lugares de mayor actividad criminal como Michoacán, en donde se tienen contabilizadas 381 personas que simplemente desaparecieron.
Resulta difícil definir el rostro del dolor en estas dos mujeres a quienes la tragedia unió cuando Paulina Camargo y Juan de Dios Núñez desaparecieron de la faz de la tierra. La primera en la capital del estado cuando un 25 de agosto de 2015 abordó un taxi junto con su pareja y padre del niños que gestaba en el vientre con 4 y medio meses de embarazo por la zona de San Manuel.
El segundo, en 2017 cuando regresaba a casa en la zona del llamado “triángulo rojo” con dos amigos cuando encontraron un retén presumiblemente falso en Cuacnopalan. Nunca lo volverían a ver con vida y un lustro después, sus restos encontrados en lo que parecía una fosa clandestina.
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En 2015 cuando la joven Paulina desapareció el gobierno estaba en manos del panista Rafael Moreno Valle y en 2017, de Antonio Gali. Citar fechas y personajes es preciso porque refleja en buena medida el desdén frente al dolor de dos familias que en mala hora cobraron notoriedad en la escena a causa de su desgracia en Puebla, como en el resto del país.
“Soy una mujer de fe”, dijo la madre de Paulina al salir de la reunión que la víspera sostuvieron padres de familia en Casa Puebla, con el gobernador Alejandro Armenta con la promesa de volver a sentarse este viernes para establecer estrategias de acción a partir de un diagnóstico puntual de cada uno de los casos que se añejan en los expedientes en la Fiscalía General del Estado.
Habrá que decir que el encuentro tiene ya de por si un saldo positivo: el desagravio a la memoria de quienes ya no regresaron a sus casas y el dolor de sus familias cometido por una pifia de parte del titular de Gobernación, Samuel Aguilar Pala cuando sugirió que Juan de Dios había sido “desaparecido” por vínculos con grupos delictivos.
La falta de empatía no es exclusiva de quienes gobernaron de espaldas al dolor indescriptible de quien busca y no haya a hijas e hijos.
Rodeado de la impudicia que le es característica, el panista-priista Javier Lozano Alarcón fue capaz de hacerla de activista en marzo pasado cuando las protestas llegaron al zócalo de la capital tras el hallazgo de un presunto centro de adiestramiento en Teuchitlán, Jalisco atribuído al Cártel Jalisco Nueva Generación.
El gobierno de Alejandro Armenta tiene la oportunidad de marcar un antes y un después en materia de apoyo a quienes en forma sistemática han sido invisibilizados o revictimizado cuando aún traen un dolor indescriptible sobre sus hombros. Como la madre de Paulina Camargo, doña Rocío Limón, tengamos fe.
